Comunicado de prensa del legitimo gobierno de Honduras 25 de noviembre 2009

GOBIERNO URGE A LA OEA ACCIONES CONTUNDENTES PARA RESTAURAR EL ORDEN DEMOCRATICO EN HONDURAS QUEBRANTADO POR EL GOLPE DE ESTADO

Con instrucciones del Presidente Constitucional de la República, José Manuel Zelaya Rosales, la Secretaria de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, Patricia Isabel Rodas, envió una carta al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, (OEA), José Miguel Insulza y a los Cancilleres de América solicitando la implementación de mecanismos efectivos que cumplan con el espíritu de las Resoluciones de las Asambleas Generales de la ONU y la OEA, en aras de encontrar una plataforma de solución firme, duradera y democrática a la crisis originada por el Golpe de Estado Militar del 28 de junio pasado.

Los mecanismos planteados a la OEA por el Gobierno hondureño son: 1. Reafirmar la condena al Golpe de Estado Militar y revalidar la posición de no apoyar el intento unilateral de dar vigencia al Acuerdo Tegucigalpa-San José, rescindido en tiempo, forma y fondo por el Gobierno Constitucional de la República, producto del incumplimiento absoluto y las violaciones consumadas por parte del grupo golpista.

2. Respaldar la decisión del Presidente Constitucional de la República de impugnar legalmente las elecciones del 29 de noviembre, las que tendrán que ser anuladas y re-programadas una vez que se logre restaurar el Estado de Derecho, la restitución del Presidente Constitucional en el cargo para el que fue electo, y se respete la libre voluntad del Soberano.

3. Hacer un llamado especial al gobierno de los Estados Unidos y al de Panamá y

exhortar a todas las naciones que reconocen la autoridad del Gobierno Constitucional del Presidente Zelaya y de las Resoluciones que en el marco de la multilateralidad han afirmado y ratificado, para que se abstengan de reconocer ninguna legitimidad al abortado Acuerdo Tegucigalpa-San José y de brindar ningún respaldo ni reconocimiento a las acciones del régimen golpista que usurpó el poder por la fuerza de las armas y de la represión militar y policial, cuyos actos son constitutivos de delito.

También, aplicar los procedimientos y sanciones que establecen las Cartas Constitutiva y Democrática de la OEA, para garantizar el cumplimiento y la inviolabilidad de las Resoluciones aprobadas por consenso de los Estados miembros y emitidas por el Consejo Permanente el pasado 28 de junio y 1 de julio, así como la del 4 de julio de la XXXVII Asamblea General Extraordinaria.

4. Cooperar en los esfuerzos que se adelantan para que no queden impunes el Golpe de Estado Militar, las sangrientas violaciones de los Derechos Humanos y de la supresión de las libertades públicas, frente a lo cual ya se han interpuesto las demandas criminales y aceptado los juicios en la Corte Penal Internacional, con el fin de lograr justicia para nuestro pueblo y aplicar las sanciones correspondientes a los que cometieron delitos de traición a la Patria y de lesa Humanidad en Honduras.

En la misiva, la canciller hondureña, comunica de manera oficial a la OEA lo siguiente:

Primero: La instancia de implementación de la Resolución de la OEA llamada Acuerdo Tegucigalpa-San José, no pudo perfeccionarse legalmente por lo que es declarado fracasado, como ya lo hecho el Presidente Zelaya ya que, se vencieron los términos de su cronograma sin lograr que se llevaran a cabo sus puntos y sin entrar en vigencia real y efectiva.

La Restitución del Presidente Zelaya es condición sine qua non para el restablecimiento del Orden Constitucional pero nunca debe servir para “blanquear” el Golpe ni atentar contra el espíritu de las Resoluciones de la OEA.

Segundo: El rompimiento del Orden Constitucional por un Golpe de Estado Militar, destruye toda la institucionalidad democrática y el mandato de la constitución, por tanto el hecho ilegítimo del Golpe contamina también a los demás poderes del Estado incluyendo al Tribunal Supremo Electoral.

Tercero: Que no se vinculan al acuerdo abortado la intención de convocar en forma extemporánea al Congreso Nacional (2 de diciembre) y la maniobra electoral del próximo 29 de noviembre del régimen de facto, sin que previamente se haya producido la restauración de la Democracia y el Estado de Derecho como lo mandan las Resoluciones de OEA y ONU, y sin que se haya restituido en sus funciones al Presidente Constitucional y procedido a la instalación del Gobierno de Unidad y Reconciliación. Por lo tanto , la maniobra electoral es un acto ilegal e ilegítimo que agrava la crisis política e institucional del país, y constituyen delito contra la Constitución y las Leyes que se le derivan.

Cuarto: Que las acciones y actitud del régimen de facto, constituyen una violación a la Carta Democrática de la OEA y a sus Resoluciones, por lo que las posturas adoptadas por cualquier Estado miembro de la Organización que habiendo condenado el Golpe de Estado en Honduras manifiesten ambigüedad y apoyo al régimen de facto en su pretensión de legitimarse sin haberse restaurado la continuidad democrática ni el diálogo político, debilita el proceso de revertir el Golpe de Estado Militar, divide el criterio unánime en el marco multilateral, estimula actos de fuerza e impunidad, pone en riesgo la seguridad democrática del Hemisferio y la estabilidad de los Gobiernos democráticamente electos en las Américas.

El gobierno de la República manifiesta a la OEA que constitucionalmente, los hondureños y hondureñas no debemos obediencia a un gobierno usurpador que llegó al poder y se sostiene en él contra la voluntad soberana del pueblo, y por la fuerza de las armas. Nosotros, conscientemente hemos tomado la vía de la resistencia pacífica ante el surgimiento de la fuerza militar para que la violencia y el terrorismo no nos ganen más batallas, ni la Democracia sufra más derrotas en el Continente.

En el documento Honduras agradece la solidaridad y valiente firmeza de los hermanos pueblos y gobiernos de las Américas y su inclaudicable labor por la reconstrucción del orden democrático y el respeto de los Derechos Humanos en nuestro país.

Washington, 25 de noviembre del 2009

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